La agenda de los olvidados
“Denle una esperanza a millones de personas.
Por favor, usen su bolígrafo para la justicia”
Venkatesh Balakrishna, Presidente Honorario de la
Red Global de Rehabilitación Comunitaria
Las Naciones Unidas estrenan propósito con el nuevo año. “Liberar a la humanidad de la tiranía de la pobreza y las privaciones, sanar y proteger nuestro planeta y reconducir al mundo por el camino de la sostenibilidad y la resiliencia”. Este planteamiento, ciertamente ambicioso y difícilmente alcanzable, forma parte del preámbulo de un documento que han llamado “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Un plan con el que se pretende estimular el cumplimiento de los derechos humanos y retomar los Objetivos de Desarrollo del Milenio “para lograr lo que con ellos no se consiguió”, prometiendo además que esta vez “nadie se quedará atrás”.
Más de mil millones de personas en el mundo viven en situación de discapacidad. Este 15% de la población constituye el colectivo más amplio de las minorías existentes. Se estima que el 80% de las personas que viven con una discapacidad lo hace en contexto de pobreza económica. Un contexto que presenta importantes restricciones en cuanto al acceso a la atención sanitaria, a la escolarización y al trabajo. A pesar de la crudeza de estos datos, “las personas con discapacidad”, no fueron ni una sola vez mencionadas en los manidos Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), Nuevamente, sus necesidades eran silenciadas, y la defensa de sus derechos, sistemáticamente vulnerados.
Esto ha cambiado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Durante las negociaciones, colectivos de personas con discapacidad exigieron a los gobiernos poner fin a la privación y exclusión a la que están sometidos, mejorando su visibilidad y la de sus derechos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que entran en vigor este año. El presidente de la Red Global de Rehabilitación Comunitaria señaló al respecto que “ser invisible en los objetivos significaba ser invisible para los beneficios”. Este nuevo marco de planificación para el desarrollo, puede considerarse un avance considerable en la situación de los hasta ahora excluidos en las políticas de cooperación. Las personas con discapacidad están por primera vez incluidas de manera explícita en varios dominios; la educación, la sanidad, la lucha contra desigualdad, el empleo y la urbanización.
La entrada en vigor de La Agenda 2030, supone que cualquier organismo que quiera implementar un programa de desarrollo deberá asegurar que responde a las necesidades de las personas con diversidad funcional. En este sentido, las acciones desarrolladas dentro de proyectos educativos y de formación, deberán incluir adaptaciones curriculares para las personas con necesidades educativas especiales así como instalaciones, mobiliario y materiales adaptados. De la misma manera, las mejoras de las infraestructuras de pueblos y ciudades deberán tener en cuenta las normas de accesibilidad. Los proyectos enfocados a la mejora de las políticas de empleo, el autoempleo o la activación de actividades generadoras de ingresos deberán considerar a las personas con discapacidad como agentes activos.
Los que trabajamos en cooperación internacional sabemos que este es un gran paso de un largo camino. El siguiente es exigir a los organismos nacionales y regionales que marquen objetivos e indicadores concretos y que se comprometan para su complimiento. En el actual Plan Director 2013/ 2016 de la Agencia de Cooperación Española, como pasaba con los ODM, las “personas con discapacidad” no aparecen mencionadas en el documento. En el caso de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional, el colectivo de personas en situación de discapacidad aparece únicamente en la introducción del vigente Plan General de la Cooperación Extremeña 2014-2017.
Reivindicar que estos organismos incluyan medidas concretas e impongan como requisitos, a las entidades que benefician de la financiación pública, el diseño de resultados concretos para la mejora de la situación de los hasta ahora olvidados, es nuestra responsabilidad como ciudadanos.
Como Terapeuta Ocupacional, mi compromiso con la Justicia Ocupacional, me lleva a exigir a las instancias gubernamentales y a las organizaciones no gubernamentales (ONG) una verdadera trasformación de las políticas de cooperación internacional, y la financiación y diseño de acciones inclusivas, que reconozcan a las personas en situación de discapacidad como agentes activos dentro de su propio contexto y no como simple beneficiarios.